Lunes 14 de enero de 2008
Millones de colombianos viven en condiciones de riesgo. Desde hace décadas, en cada invierno, más y más zonas habitadas se inundan y aumentan los deslizamientos de tierra que aplastan a las gentes, otras comunidades esperan la catástrofe en las laderas de volcanes activos y deben pasar del 80 por ciento del total las edificaciones construidas sin técnicas de sismorresistencia. En Armero murieron 25 mil personas en una matanza anunciada que pudo evitarse y en Manizales, por ejemplo, hay 2.700 viviendas en montañas que nunca debieron edificarse. Y no ha habido un solo responsable por unos desastres que algunos llaman “naturales” pero que son más políticos y sociales, y que se aprovechan para hacer demagogia mal atendiendo damnificados.
En contraste, en silencio avanza la erradicación del casco urbano de Marmato, Caldas, una población en la que nunca ha habido un muerto por inundación, deslizamiento o temblor. Ya hace tres décadas, Ingeominas declaró la población como “zona de riesgo”. Muy acuciosa, en 2006, la Oficina de Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría, mediante tutela, le exigió al Tribunal Administrativo de Caldas declarar la zona como “de alto riesgo” y ordenar su evacuación y reubicación, despropósito que el Tribunal rechazó. Y son bastantes las presiones y las platas usadas por la Gobernación de Caldas para trasladar el municipio a un punto llamado El Llano, donde ya construyeron unas cuantas viviendas y pasaron la Notaría, la Registraduría y la Personería.
¿Qué empuja trasladar una población de 470 años, habitada por dos mil habitantes, incluidos afrodescendientes e indígenas, y que en 1982 fue declarada Patrimonio Histórico de la Nación? ¿Por qué destruir las edificaciones donde hay 315 residencias, 58 negocios, 18 locales y 23 instituciones (colegio, iglesias, alcaldía, etc.), así como la cultura de una comunidad sui géneris que se resiste a que destruyan el sitio donde ella y sus mayores formaron sus hogares y tradiciones? ¿Cuál es la norma que autoriza este desplazamiento forzado? ¿Por qué en este caso sí se preocupan por un riesgo que ha sido evidentemente exagerado?
El “crimen” de los marmateños es que el poblado queda en las faldas de El Burro, un cerro donde la trasnacional canadiense Colombia Golfields Limited, propietaria de la Compañía Minera de Caldas, espera extraer 375 mil libras de oro a partir del 2011, mediante una explotación a cielo abierto de descomunal impacto ambiental que seguramente exigirá erradicar también, pero más adelante, buena parte del resto de los 8.500 habitantes del municipio. El área afectada llega a 32 mil hectáreas y cubre el vecino municipio de Caramanta, Antioquia.
Para apoderarse del oro de Marmato, que se extrae desde antes de la conquista española, la Colombia Golfields ha comprado los derechos de cerca de 100 pequeños mineros y espera sacar mediante argucias a otros 150, a pesar de que esa área fue declarada en 1954 como de pequeña minería, en tanto se dejó otra zona, que sería raro que la empresa no monopolizara luego, para las explotaciones mayores. Al decir de un marmateño, se emplean “amenazas apocalípticas de desastre total, mientras la multinacional va comprando a precios ridículos las posesiones centenarias”, incluidas las edificaciones del casco urbano. Y para presionarlos también se quitó la autoridad minera del municipio, se suspendió la legalización de 150 nuevas minas en trámite y les entraban la consecución de la dinamita que requieren sus trabajos.
El vicepresidente de la Compañía Minera de Caldas le escribe al ministro de Minas, Hernán Martínez (dic.01.06), que el proyecto exige “integrar” 250 minas, que ello es “una responsabilidad del Ministerio a su cargo” y que requiere que “suspenda la titulación en la zona” y sea “flexible” con las “causales de suspensión” de las explotaciones actuales. ¿Será casual que se tramite en el Congreso una reforma al Código de Minas pro gran minería, que incluye la integración de las pequeñas explotaciones con las grandes y permite expropiar en apenas treinta días cualquier edificación que le estorbe a un negocio minero? ¿Es falso que el traslado del pueblo “cuenta con el respaldo del gobierno”? (www.valoro.net/article.php?sid=86).
Y por unos daños de costos incalculables la trasnacional pagará regalías de solo el uno por ciento, porque la ley las ordena de apenas el cuatro por ciento y porque al quedarse con los derechos de los pequeños mineros se ganó una exención del 70 por ciento.
CARTA SOBRE LA PRETENSIÓN DE DESTRUIR A MARMATO Y SOBRE QUIÉN PAGA EL DESPLAZAMIENTO
Jorge Enrique Robledo
Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 25 de febrero de 2008
Doctor
MARIO ARISTIZÁBAL
Gobernador de Caldas
Doctor
HERNÁN MARTÍNEZ
Ministro de Minas
Cordial saludo:
Fue lamentable que ustedes no hubieran asistido al foro que se realizó el jueves 21 de febrero pasado en Marmato, para tratar la amenaza de desplazamiento de la que son víctimas los habitantes del casco urbano de ese importante municipio de Caldas. Les resumo, entonces, mi punto de vista sobre el caso.
La trasnacional canadiense Colombia Goldfields –propietaria de la Compañía Minera de Caldas– tiene el derecho a comprar, como en efecto ha ocurrido, las minas de los pequeños mineros de Marmato. Y también tiene derecho a aspirar a que esas explotaciones se sustituyan, como es su propósito, por un proyecto de gran minería de cielo abierto, que incluye destruir el casco urbano de Marmato y algunas de sus áreas aledañas y desplazar a sus habitantes.
Pero –y este pero debe ser valorado en toda su importancia– los habitantes de Marmato también tienen derechos que deben ser respetados y, en especial, informados y protegidos por las autoridades departamentales y nacionales, pues ellos son la parte débil en la contradicción que afrontan con Colombia Goldfields. Entre los derechos que los marmateños pueden esgrimir está el de oponerse a cualquier explotación minera que les destruya su pueblo o exigir que el casco urbano del municipio se reemplace por uno nuevo que se construya, con las mejores calidades urbanísticas y arquitectónicas, en un nuevo sitio, tal y como se hizo –y es solo un ejemplo– con Guatavita, Cundinamarca, o proponer otra alternativa diferente. Pero, repito, tienen derechos y tienen el de hacerlos valer de acuerdo con sus convicciones, las cuales tendrán que ser tenidas en cuenta cuando la empresa tramite la licencia ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente, obligatoria si quiere montar una nueva explotación de oro en Marmato.
Es lamentable entonces, y repudiable, que luego de 22 años de presiones para destruir el casco urbano de Marmato, ningún gobierno les haya hecho una propuesta seria a sus habitantes sobre qué se hará con ellos, mientras las trasnacionales –otras, antes, y ahora Colombia Goldfields– sí los han presionado para que vendan sus minas y se desplacen. Espero que no vaya a decirse que constituye una propuesta seria haber construido unas cuantas casitas en El Llano, en la parte baja del municipio, para que los marmateños acepten que les destruyan su pueblo y se trasladen allí. Y ojalá el gobernador de Caldas, que acaba de posesionarse, no siga el camino de sus antecesores.
De otra parte, se discute si la supuesta necesidad de destruir a Marmato y desplazar a sus habitantes obedece a que están en una zona de riesgo por avalancha o a que en su subsuelo existe un yacimiento de oro que una trasnacional quiere explotar. Con franqueza les digo que es curioso que en un país donde casi todos sus habitantes están en algún tipo de riesgo –inundación, sismo, erupción volcánica o avalancha–, sin que ningún gobierno haga nada de fondo por atenderlos, ocurra que sí haya tanta preocupación por la suerte de los marmateños, los únicos que viven encima de una mina de oro. Habrá que mirar, con todo detalle científico y teniendo en cuenta el peligro de corrupción, cuál es el verdadero nivel de riesgo y por qué razones, cuántas y cuáles son las edificaciones amenazadas y qué debe hacerse con ellas, porque bien extraño sería que el riesgo natural coincidiera exactamente con lo que le conviene a la trasnacional.
La discusión sobre qué motiva destruir a Marmato y desplazarlo guarda otra implicación que ustedes no pueden dejar de considerar, en razón de sus graves consecuencias. Porque si el desplazamiento es por riesgo de avalancha, los costos del traslado deberá pagarlos el Estado, pero si es por negocio minero, dichos costos deberá asumirlos la empresa que se enriquecerá con la erradicación. Y estamos hablando de una suma enorme, del orden de 40 mil millones de pesos, dado que hay construir todo un pueblo con unas 300 edificaciones (viviendas, iglesia, escuela, colegio, hospital, alcaldía, etc.).
Quedo a la espera de sus comentarios a esta carta y desde ya los invito al debate que sobre este tema realizaré, en fecha que se definirá luego, en la Comisión Quinta del Senado.
Atentamente,
JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senador de la República
C.C.
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, ministro de Medio Ambiente
